De acuerdo a los útimos hechos que se han presentado en el ambito nacional, sobre la parapolítica, vemos que la Corte Suprema de Justicia ira con todo en las investigaciones del manejo de los políticos, es así que en el Editorial del Nuevo Siglo de fecha Febrero 17 de 2007, manifiesta:"ERA evidente que el escándalo de la parapolítica tenía visos jurídicos insoslayables. El caso de los congresistas uribistas capturados anteayer demuestra que la Corte Suprema de Justicia, pese a muchas apuestas en contrario, envió el mensaje categórico de que está dispuesta a llegar hasta el final. Ni las distracciones de estos días con testimonios de última hora, ni la polarización que se pretendió hace unas semanas, ni tampoco los intentos por deslegitimar a esa Corporación, hicieron mella en sus dictámenes. Persiven, según los magistrados, amenazas sobre la Corte Suprema de Justicia, que el gobierno tiene pronto que entrar a resolver. No puede quedarse la Administración pasmada ante los anuncios hechos, según los cuales, por ejemplo, existe una espada de Damocles sobre el expresidente de la corporación, Yesid Ramírez. Por el contrario, se exige del Ejecutivo actuar prontamente y brindar todas las garantías del caso. La Corte mantiene, por su parte, la tipificación de concierto para delinquir, delito dentro del cual se subsumen las diferentes conductas en que han podido incurrir los congresistas inmersos en la parapolítica. Esto puede significar que muchos de los que hoy rinden versiones libres o son indagados puedan caer en la misma circunstancia.La situación, ciertamente, es dolorosa. Pero ya lo hemos dicho reiteradamente desde el primer día: sólo la Corte Suprema de Justicia puede limpiar el sistema democrático colombiano, afectado por el virus paramilitar que conlleva un despliegue de narcotráfico, corrupción y crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Por ende, la justicia está en juego y desde el punto de vista internacional es fundamental que de este proceso salga con mayor vigor y majestad.Lamentable, desde luego, el caso de la Canciller. De acuerdo con lo dicho por su hermano, hoy reo, en caso de su captura, caería ella, el Procurador y el mismo Presidente de la República. Aún no se sabe qué quiso significar con ello, pero esa declaración dio la vuelta al mundo y ayer todas las agencias internacionales y los periódicos interesados en el caso colombiano, titulaban el asunto en esa dirección. Nada tienen que ver, de otra parte, las actividades de la Corte Suprema de Justicia con las consignas gubernamentales de seguridad democrática. La Corte simplemente está ejerciendo sus facultades constitucionales, que no se deben a la plataforma política de turno, sino a criterios universales afincados en tratados internacionales y a las profundas raíces que se hunden en una centuria de operatividad jurisdiccional. Su legitimidad, pues, no nace de improvisadas declaraciones, sino del cuerpo constitucional donde permanece incólume como vocera indiscutible y omnímoda de la Justicia.Mientras la Corte progresa, es básico que la Fiscalía lo verifique al mismo ritmo. En el caso de Sucre, por ejemplo, la corporación actuó de manera decidida, mientras que varios de los que están en la órbita de la Fiscalía están prófugos o siguen en libertad. Las indagatorias al exdirector del DAS, así como a ciertos gobernadores, siguen sin resolverse. Es necesario, entonces, acompasar el ritmo de las investigaciones, pues no es dable, por ejemplo, que los testigos que hablan en la Corte sirvan para los congresistas, pero cuando declaran ante la Fiscalía no sirvan para los demás funcionarios e implicados.Es cierto, también, que la Fiscalía ha sido indispensable en el trámite judicial. Pero asimismo es claro que se esperan sus dictámenes con la misma expectativa que ha mantenido la opinión pública sobre la Corte Suprema de Justicia.Lo importante, en todo caso, es que se mantenga la salvaguarda de las instituciones. Desde el principio, cuando proliferaron las amenazas y las deslegitimizaciones sobre la Corte, la defendimos sin dubitar como el fiel de la balanza nacional. Mantenemos la misma actitud, porque es la oportunidad de demostrarles a los jóvenes que en Colombia opera la Justicia. Ahora vienen las investigaciones sobre el acuerdo de Ralito, en las que la corporación ha citado a más de ochenta versiones libres o testimonios.El caso más dramático se da, desde luego, en el Congreso. Allí no sólo hay gente absorta con el tema, sino que para el país parece una burla que los detenidos sean remplazados por los mismos que han derivado gajes del fenómeno que se pretende proscribir. En ocho días tendrán que posesionarse los nuevos congresistas, que no pueden tener máculas ni sospechas, una vez comprendido en todo caso que la votación por las listas fue infectada con sufragios de esa procedencia y que de alguna manera las deslegitiman. Sin duda alguna, tendrá que haber algún mecanismo legal que impida esa situación, porque de lo contrario el Congreso se verá afectado por un descrédito aún peor que el que ya padece."
Como podemos inferir las cosas no están faciles en el panorama politico y no solo del orden Nacional, sino de los demás niveles territoriales. Por eso hemos visto algunos Congresistas proponiendo el recorte del tiempo hasta la mitad como lo manifesta Marta Lucía Ramirez del Partido de la U.
